El Pleno aprueba iniciar el expediente de lesividad por la gestión mixta de Aguas de Alcázar

Tras desestimar las alegaciones de PP y Aqualia y celebrar un debate en el que todos los grupos –a excepción del Partido Popular- estuvieron de acuerdo en que el cambio de gestión de la empresa de Aguas y la gestión mixta del servicio “lesionan” los intereses de Ayuntamiento y ciudadanos de Alcázar; PSOE e IU apoyaron, con sus votos a favor, el inicio del expediente para denunciar esta circunstancia; mientras que el PP votó en contra y Equo se abstuvo.

Con 10 votos a favor de PSOE e IU, y 3 abstenciones, de los concejales de Equo, el pleno extraordinario del mes de enero, aprobó el inicio de expediente de lesividad que da lugar a la apertura del contencioso-administrativo contra la empresa Aqualia, dueña del 52% del modelo de gestión mixta de Aguas de Alcázar, una entidad administrativa a la que se considera que ha realizado un daño en las arcas del Ayuntamiento alcazareño.

Como declaró Juan Garrido, concejal de Equo, “es lesivo para Alcázar de San Juan la descapitalización que ha costado unas cifras superiores a los 3.000 euros diarios cuando se cumplen 1.187 días y la cantidad ha llegado a los 3 millones de euros y cada día que pasa, 3.000 euros más, pero no se nos olvide que los artífice de esta gran ignominia de la venta de Aguas de Alcázar fueron el PP y CxA”.

Hecho que apoyó Maribel Ramos, concejala de IU, para la que tales alegaciones deben ser rechazadas ya que parten de “una premisa falsa, que Aguas de Alcázar se encontraba en el año 2013 en situación de quiebra técnica con patrimonio neto negativo en situación de disolución, sin embargo los alegantes saben que tal situación fue producto de una ingeniería contable y torticera dentro del gobierno de entonces que solo tuvo que exigir el abono inmediato de las deudas que Aguas de Alcázar tenía con el Ayuntamiento”.

Según argumentó Eduardo García-Villajos, concejal del PP, “gracias a este expediente al que se ha aportado documentación podemos saber que la extinción del socio privado supondría 24 millones de euros a las arcas municipales y a los vecinos de ASJ”. Por lo que “mucho hablar de remunicipalización, pero nadie ni del PSOE, ni de Equo, ni de la Plataforma sabe cómo va a plantear la remunicipalización. A mí no me preocupa que el abastecimiento de aguas dependa del Ayuntamiento de ASJ, lo que más me preocuparía es que ustedes vuelva a hacer lo mismo que había antes, lo que me preocupa es que la empresa siga en manos de los políticos que lo gestionaron hasta 2014, de aquellos barcos, esos lodos”.

Para el equipo de Gobierno, se está “aquí precisamente porque en la anterior legislatura, el PP y su socio de Gobierno, se dedicó a cerrar servicios en ASJ y me atrevería a decir sin ánimo de defender a Alcázar en una caza de brujas, fueron a por la empresa de Aguas, no sabemos muy bien con qué intención, pero lo que está claro es que aflora es que faltaba liquidez, fueron a vender la empresa de Aguas de Alcázar para obtener dinero y no hundir también el Ayuntamiento”.

Tales alegaciones en contra del inicio de expediente fueron esgrimidas por el Partido Popular y la empresa Aqualia que consideran que dicha lesividad no fue tal, a pesar de que los partidos de la oposición han argumentado que la empresa busca obtener mayores beneficios con las tarifas que recientemente se acaban de incrementar en el último mes.

“Lo miremos como lo miremos, el negocio es seguro ya que la aportación inicial del socio privado será de 2,8 millones sumando coste de acciones y anticipo del canon que salen a 87,50 euros por habitante. Los estatutos de esta sociedad prevén que anualmente se irá formando un informe con los ingresos de aportación para que al acabar el plazo de concesión, se devuelva al socio privado lo que desembolsó por las acciones“, señaló Ramos.

Desde IU se ha manifestado que la cantidad recibida por Alcázar, será notoriamente inferior al resto de municipios que han procedido de la misma manera en su cambio de modelo de gestión.

En opinión de Garrido, se trata de “una tarea de mucha gente para conseguir unos resultados fiables y duraderos en el tiempo. Aqualia pone en marcha toda su artillería y desde el Ayuntamiento debemos hacer lo mismo, estar unidos. No podemos pensar que un grupo municipal solo pueda sacar adelante la remunicipalización, es tarea de un conjunto de grupos sociales para que sea perdurable en el tiempo. Es un compromiso con nuestros vecinos y de respeto al trabajo de nuestros padres, así como dejar a nuestros hijos una herencia legítima”.

Acusando al equipo de Gobierno de intereses partidistas en el asunto, desde Equo se ha solicitado que Aqualia devuelva la inversión realizada para conseguir su expulsión de la gestión.

“La única lesividad aparte de la que ustedes quieren ocasionar es la lesividad en la que se encontraba, no solo la empresa de Aguas sino el Ayuntamiento y el riesgo que corrían los vecinos, es la quiebra técnica, dicha por los tribunales de más de 8 millones de euros en la que se encontraba la empresa de Aguas durante los años de gestión de su partido señora Melchor, del PSOE. Una empresa a la que su partido dejó en patrimonio neto negativo como lo corroboraban los informes técnicos y económicos que en su día se emitieron”, subrayó el portavoz Popular.

Según el PP, solo Aqualia se presentó a la licitación del servicio que se ajustó a un modelo de gestión legal registrada en la ley de contratos públicos, acusando a su vez al partido Socialista de la privatización de servicios en materia de deportes y servicios como la limpieza viaria o de edificio, entre otros.

Una remunicipalización que costará 24 millones de euros, lo que supondría “un elevadísimo coste para la economía del Ayuntamiento, en concepto de devolución de préstamos, indemnizaciones, además de volver a la situación inicial de quiebra técnica y deuda de tantos millones de euros en la que se encontraba la empresa antes de realizar el cambio de modelo de gestión. Todo esto sí que supondría una auténtica lesividad para las arcas municipales y por tanto para los vecinos de Alcázar para el interés general”.

Para finalizar, Amparo Bremard, concejala del equipo de Gobierno, apuntó que “estamos aquí por el regalo que hizo el PP y su socio de gobierno, que ahora nos venga diciendo y metiendo miedo a la ciudadanía sin fundamento de que nos va a costar 24 millones de euros el poder remunicipalizar una empresa que ustedes vendieron, eso se lo han sacado ustedes de lo que pide Aqualia, y como hacen las mismas alegaciones y defienden los mismos intereses que Aqualia en lugar de defender los intereses de los vecinos”.

Si la empresa hubiera estado mal, como indicó la concejala, se hubiera dejado de pagar las nóminas de los trabajadores y proveedores desde julio de 2013 hasta 2014 cuando finalmente se cambió el modelo de gestión, hecho que no se corroboró durante este tiempo.

Según Rosa Melchor, alcaldesa y presidenta de la Corporación “a pesar de todos los disparates que se han oído, todo el pueblo habló con aquellas firmas de junio de 2015 y decidió que hubiesen 13 concejales remunicipalizadores. Vamos a utilizarlos para atenernos a lo que la justicia y los tiempos mandan desde el sistema judicial para llegar a un objetivo común que es remunicipalizar Aguas de Alcázar sin errores por el camino, invirtiendo en esa remunicipalización el menor tiempo posible para no perjudicar a nuestros vecinos y alejarnos de esa mentira que repite Ortega de los 24 millones de euros que sabemos que con el apoyo judicial no será necesario ni muchísimo menos”.

Con 7 votos en contra del PP, 3 abstenciones de Equo, y 10 votos a favor de PSOE e IU, quedó aprobado el inicio de expediente de lesividad desestimando así las alegaciones presentadas por PP y Aqualia.