El Gobierno de Castilla-La Mancha incrementa en más de un mil por ciento la licitación de obra pública que ya da empleo a más de 1.200 personas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado los últimos datos sobre inversión en obra pública por parte de las Comunidades Autónomas publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), y que vienen a reflejar la recuperación “muy sustancial”, y centrada sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, de esta herramienta “fundamental” para el desarrollo y la creación de empleo en nuestra región.

Así lo ha destacado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno y en la que ha destacado que, según estos datos, la obra pública licitada por el Gobierno de Castilla-La Mancha entre enero y noviembre de 2017 creció un 134,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. “Somos medalla de bronce”, ha dicho Hernando, al señalar que la región es la tercera comunidad autónoma que más invirtió en este capítulo tras la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. 

Según datos de Seopan, la obra pública licitada por el Ejecutivo autonómico entre enero y noviembre de 2017 creció un 134,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. “Somos medalla de bronce”, ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, al señalar que la región es la tercera comunidad autónoma que más invirtió en este capítulo tras la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. 

Asimismo, ha subrayado que si se compara todo lo licitado en 2016 -primer año completo del Gobierno del presidente Emiliano García-Page- con lo que licitó en 2012, durante el primer año completo de la legislatura del Gobierno de Cospedal, el incremento es de un 1.180 por ciento más, al pasar de los 22 millones de euros de 2012 a los más de 284,5 de 2016. “La situación contrasta con la etapa anterior como la noche y el día”, ha indicado Hernando.

Hernando ha recordado que el Gobierno de Cospedal congeló toda la obra pública en la región, “no sólo la que ya estaba planificada sino también la que se encontraba en ejecución”, dejando una deuda con las empresas adjudicatarias que sólo en la Consejería de Fomento ascendía a cerca de 200 millones de euros. De esa cifra, ha precisado, “ya se han abonado 98,5 millones de euros logrando además un ahorro de 40,5 millones gracias a las negociaciones que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo con esas empresas”.

Hernando ha destacado que, dos años y medio después, “el Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha vuelto a poner en marcha infraestructuras estratégicas para nuestra región desde el punto de vista de la cohesión territorial y la prestación de servicios públicos, además de la generación de empleo y riqueza que llevan aparejada estas decisiones”.

Como ejemplos de esta reactivación de la obra pública, el portavoz ha citado las obras de los nuevos hospitales de Toledo, Cuenca o Guadalajara, en las que ya trabajan un millar de personas o las obras educativas, con 35 actuaciones ya en marcha entre el Plan de Infraestructuras Educativas y las obras RAM, y en las que están trabajando más de 200 personas.

Hernando ha lamentado de nuevo, “la política de brazos caídos a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España”, que además de no asumir su responsabilidad en temas como el agua, la financiación autonómica o la deuda histórica en materia de Dependencia, no dota  “suficientemente” el presupuesto o no aborda infraestructuras tan importantes y demandadas en la región, como la conexión de Talavera por AVE –uno de los principales ejes del viaje del presidente García-Page a Bruselas-, las autovías Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel o el desdoblamiento de la N-430.

El portavoz ha recalcado además que mientras la inversión en obra pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido un fuerte impulso en la presente legislatura gracias a la apuesta del presidente García-Page, la del Gobierno de España no ha dejado de disminuir desde 2015, con un recorte de casi un 30 por ciento en 2017, según datos del propio Ministerio de Hacienda.