El Gobierno aprueba el reparto de 300 millones de euros a las CCAA para dar respuesta a las acciones más urgentes contra el COVID-19
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros dentro del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del COVID-19.
El reparto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de porcentaje de población (80%) y número de casos (15%) e ingresos en UCI (5%) a fecha 24 de marzo. El objetivo es dar respuesta a las acciones más urgentes que cada CCAA tenga que abordar.
Castilla-La Mancha se encuentra en el octavo lugar de la tabla mientras que las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres que mayores importes recibirán con 52.791.886, 51.367.983 y 44.231.363 euros respectivamente.
Además, como se recordará, se ha reforzado el equipo humano sanitario con un total de 52.393 profesionales que pueden contratar las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas entre médicos internos residentes, enfermeros, profesionales jubilados en los dos últimos años, médicos extracomunitarios y estudiantes de medicina y enfermería de último curso para tareas de apoyo.
En materia de protección sanitaria, se ha puesto a disposición de las autoridades de los diferentes territorios material de protección que cada CCAA se encarga de distribuir en función de las necesidades. En total se han entregado 10.671.779 mascarillas, 9.724.100 guantes de nitrilo, 65.538 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, 35.103 gafas de protección, 144.590 soluciones hidroalcohólicas y 328.900 materiales como calzas, delantales, cubremangas, gorros, etc. En los próximos días está previsto que lleguen otras importantes partidas que también se harán llegar.
La compra centralizada que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad está diseñada para cumplir tres objetivos: reforzar los procesos de compra de las CCAA, la distribución para cubrir necesidades acuciantes de la población y los profesionales y organizar la capacidad de producción a nivel nacional e internacional. No obstante, cada comunidad autónoma puede asimismo llevar a cabo las actuaciones de compra que considere oportuno.
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