El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo Decreto de ayudas directas a personas afectadas por ERTE que no recuperen su puesto de trabajo

Patricia Franco ha anunciado la puesta en marcha de ayudas directas en modalidad de pago único de entre 300 y 400 euros para las personas afectadas por un ERTE durante la pandemia que hayan perdido su empleo a la finalización del mismo, y que perciban subsidios o prestaciones por debajo del salario mínimo interprofesional

Sociedad 1 de junio de 2021

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un nuevo Decreto de ayudas en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19, en este caso destinado a las personas que se hayan visto afectadas por un ERTE a lo largo de la pandemia y que a la finalización del mismo no recuperen su puesto de trabajo. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también ha anunciado la aprobación de la convocatoria de este año de ayudas para la incorporación de personas trabajadoras como socias a cooperativas y sociedades laborales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo Decreto de ayudas para personas afectadas por ERTE durante la crisis sanitaria que no hayan recuperado, o no recuperen, su puesto de trabajo a la finalización del mismo. El Decreto está dotado con 3,5 millones de euros y se enmarca en el Plan de Medidas Extraordinarias, “por lo que es fruto del acuerdo y del diálogo social, con el objetivo de complementar aquellos subsidios o prestaciones por desempleo que no lleguen al salario mínimo interprofesional”, ha señalado Patricia Franco, que ha detallado que la ayuda es un pago directo de 300 euros en el caso de que la persona beneficiaria no tenga hijos a su cargo, y de 400 euros en el caso de que tenga uno o más hijos a su cargo.

Los requisitos para ser beneficiario de la ayuda es haber formado parte de un ERTE durante la crisis sanitaria, y haber sufrido la extinción del contrato de trabajo a la finalización del mismo, en un plazo de seis meses como máximo tras la finalización del ERTE. Además, las personas solicitantes de la ayuda deberán estar inscritas como demandantes de empleo y percibir un subsidio o prestación menor al salario mínimo interprofesional, o no tener ingresos tras haberlas agotado. El contrato extinguido debe ser indefinido o de duración determinada de al menos un año en la misma empresa, y el empleo ha debido desarrollarse en la región.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha explicado que el plazo para la presentación de solicitudes es doble, en este caso, y se abrirá tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la región, que se producirá en los próximos días. Por un lado, las personas que pierdan su puesto de trabajo tras un ERTE después de la publicación en el DOCM, el plazo será de un mes desde la finalización del contrato, y hasta el 31 de octubre. Por otro, para aquellas personas que se han visto afectadas por estas circunstancias antes de la publicación del Decreto en el diario, el plazo será de un mes desde esa publicación.

Patricia Franco ha señalado que los datos que maneja el Ejecutivo apuntan que, desde de abril, hay 9.267 personas en la región que han perdido su puesto de trabajo después de verse afectadas por un ERTE, de las cuales el 78 por ciento tienen acceso a una prestación o subsidio por desempleo. “De ellos, más del 50 por ciento perciben un ingreso por debajo del salario mínimo interprofesional, y ese es el escenario al que nos dirigimos”, ha indicado la consejera.

Las ayudas a la incorporación de socios y socias en cooperativas duplican su cuantía

Por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha anunciado la aprobación, en Consejo de Gobierno, de la convocatoria de este año de las ayudas para la incorporación de personas trabajadoras como socias en cooperativas y sociedades laborales, “con las que impulsamos la creación de empleo estable y el desarrollo de la economía social en nuestra región”. Las ayudas, dotadas con 250.000 euros, duplican la cuantía de la ayuda para el apoyo a cada incorporación con respecto a la convocatoria anterior, pasando de 5.000 a 10.000 euros. “Además, también establece un aumento del 20 por ciento si la persona que se incorpora tiene una discapacidad superior al 33 por ciento, y en otro 20 por ciento adicional si la beneficiaria es una mujer”, ha indicado la consejera.