El pleno acuerda instar al Gobierno nacional a cumplir con el Pacto de Estado contra la violencia de género y aprueba la cesión de terreno a Animalcázar

En el pleno correspondiente al mes de abril, quedó aprobado por voto unánime de toda la Corporación alcazareña la cesión gratuita de 1.800 metros cuadrados de parcela a Animalcázar que añaden a los 4.500 de los que ya dispone en el polígono ganadero. La Asociación solicitó dicho espacio con el fin de no tener que utilizar infraestructuras externas y facilitar el trabajo a los voluntarios que trabajan en la misma.

Además, se ha otorgado una subvención de 5.000 euros que contribuirá a paliar la deuda veterinaria que mantienen y que asciende a 16.800 euros ya que actualmente albergan a 56 perros y 66 gatos en sus instalaciones. Se trata de una asociación que acoge a unos treinta animales abandonados al mes cuyo y cuyo primer gasto es el tratamiento que se realiza a los seres acogidos como la esterilización de los mismos.

En cuanto a la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento mienten cuando dicen que hay una sanción definitiva ya que al final de la resolución, se dice que se podrá proceder a aportar alegaciones en 15 días.

El Grupo Municipal Equo, que se ha manifestado de acuerdo, ha solicitado el pago lo más pronto posible, además de facilitar personal a través de los Planes de Empleo que ayuden a esta asociación que actúa de manera altruista y se financia únicamente con las aportaciones de los socios y las subvenciones públicas.

Necesidad que quedaría en parte solventada tras dotar de más recursos y medios para seguir desempeñando su trabajo de manera adecuada y según necesidad de los animales, por ello, desde esta formación se ha sugerido el traslado por parte de los vecinos que alimentan a los propios gatos, para que sean llevados a consultas o unidades móviles, como las que hay en otras localidades, con el objetivo de que estos sean esterilizados en el momento en que sea posible.

Uno de los puntos más importantes del debate plenario fue la aprobación de la moción que pretende instar al Gobierno nacional para dotar presupuestariamente el Pacto de Estado contra la violencia de género en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que contó con la abstención del Grupo Municipal Popular.

Esta aprobación supondría desarrollar políticas de igualdad y contra la violencia de género dotadas de 100 millones por parte de las autonomías y 20 millones provenientes de los Ayuntamientos. El Estado se ha comprometido a dotar económicamente dicha partida con 1.000 millones de euros a razón de 200 millones por año.

Mariano Cuartero, concejal de Igualdad, manifestó que este Pacto de Estado contempla más de 200 medidas surgidas por todos los Partidos Políticos que son necesarias implementar y dotar económicamente. Hecho con el que estuvieron de acuerdo los partidos de la oposición Equo e Izquierda Unida que reclamaron que este Pacto sigue siendo una urgencia social.

Por ello, opinaron que no basta con declaraciones institucionales sino que es necesario hacer políticas reales y efectivas, destinando esfuerzo y presupuesto suficientes para la tolerancia cero contra la violencia de género reivindicando este factor como una prioridad política.

Desde Equo, la concejala Elisa Díaz, destacó que partiendo de una posición de consenso entre partidos, el problema radica principalmente en la falta de compromiso en respaldar estas políticas con partidas presupuestarias que se defiendan hasta el final. El fallo radica en su opinión, en no imponer una partida en el borrador de presupuestos generales del Estado, ya que esto puede conllevar a una desconfianza del ciudadano con la clase política que no ve una defensa efectiva de la posición mantenida en un principio.

En este punto se localizó la polémica protagonizada por el Grupo Municipal Popular que en un momento de su intervención manifestó que “las víctimas pueden estar poco tranquilas con ustedes” haciendo referencia a la falta de información por parte del equipo de Gobierno, en su opinión, para conocer en qué serie de medidas se invertiría dicho presupuesto.

El concejal Popular, Eduardo García Villajos, fue llamado al orden desde la presidencia de la Corporación considerando que era necesaria su rectificación para no reincidir en el mismo caso encabezado por otro edil del Grupo en la anterior legislatura que ya fue condenado por sentencia firme tras realizar un comentario similar, aunque el concejal se negó a disculparse justificando su postura en su derecho a la libertad de expresión tras haber realizado, en su opinión, dicha afirmación en un contexto adecuado.

Fue desestimado también la moción del Grupo Municipal Popular que instaba al equipo de Gobierno a la modificación del Reglamento Regulador de las Subvenciones e Incentivos a empresas para favorecer la inversión y creación de empleo, punto que buscaba firmar el acuerdo adoptado entre el grupo político y el PSOE según las condiciones acordadas para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2017.

Ortega señaló que “no se ha hecho nada desde el equipo de Gobierno, por lo que desde mi Grupo, tuvimos la triste y lamentable sensación de que la pretensión fue utilizarnos aprovechándose de nuestra buena disposición, pero con su incumplimiento no solo mintieron a los miembros del Grupo Municipal, sino que mintieron a los vecinos diciendo una cosa y no reflejándola con los hechos”, sobre todo al “sector empresarial que sería el beneficiado de modificar este Reglamento”.

“Esperemos que hoy cumplan ese acuerdo”, subrayó el portavoz, ya que su modificación supondría subvenciones a nuevos autónomos o ayudas en el IBI por transformar contratos temporales en indefinidos, entre otras cuestiones. Igualmente se apuntó que se han incluido otras propuestas para emprendedores convencidos de que “los motores de riqueza son los empresarios, el tejido empresarial, por lo que se ha redactado un nuevo reglamento que se añade al existente, puesto a que ustedes no les gusta trabajar”, subrayó Ortega.

Gonzalo Redondo, concejal del Grupo Socialista, se manifestó en contra de esta moción, ya que se alegó que este reglamento no mejora el texto del vigente hasta el momento, “no incluye un estudio económico, no indica el periodo de tiempo en el que se extienden las bonificaciones al IBI; el 90% es el mismo que aprobamos en 2016 a falta de determinar dicho periodo de tiempo, ni el requisito imprescindible para haber destruido el empleo en el contrato anterior”, apuntó el edil.

“La enmienda no mejora el resto”, manifestó el portavoz del equipo de Gobierno, señalando el rechazo a esta moción ya que el actual reglamento “no limita a ningún empresario”, ha dicho, indicando como muestra la creación de 60 nuevas empresas en el inicio de la legislatura por valor de 13 millones euros, con 14 nuevas creaciones este año ascendiendo a una cuantía de “docenas de millones de euros”.

En la segunda de las mociones presentadas por el Grupo Municipal Popular referente a la determinación de las causas que han ocasionado una infracción grave del Ayuntamiento desde la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento del Convenio Colectivo, el concejal Jesús Teodoro Octavio indicó que se trata de una cuestión de “responsabilidad política” esclarecer estos hechos con los vecinos de Alcázar de San Juan y con los que se busca “llegar hasta el fondo de los hechos”, calificando de “política de personal desastrosa” la llevada a cabo por los Socialistas.

“No es una moción política, sino que como representantes de los vecinos de Alcázar de San Juan, buscamos una explicación a esta sanción por responsabilidad política”, indicó el concejal. Una de las razones para esta sanción radica en la no convocatoria de la Comisión Paritaria en 2016 ni el primer semestre de 2017, hecho que fue reconocido por el equipo de Gobierno.

Fue desestimada, entre otras razones, por la indicada desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que especificó que es la Comisión de Régimen Interior y no el pleno, el órgano competente para determinar dicha infracción, aunque este grupo político manifestó su apoyo en caso de hacer de la manera adecuada indicando que desde su grupo “se quiere saber todo de todos”.