El Gobierno regional protegerá por Ley a las y los menores huérfanos por violencia de género

El Gobierno regional reconocerá una ayuda económica a las y los huérfanos por violencia de género a través de un Decreto que empezará a tramitarse con la aprobación de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género “para garantizar que la pérdida de su madre no suponga perjuicios económicos ni para las y los menores ni para sus familias de acogida”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado junto a la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, y el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, el anteproyecto de la Ley tras su toma en conocimiento hoy en el Consejo de Gobierno.

Araceli Martínez ha destacado que esta legislación ha sido la más participativa y participada de la historia de Castilla-La Mancha aunque ha señalado que “hay que seguir profundizando para dar con los resortes adecuados que nos permitan erradicar la violencia de género”

El 95 por ciento de las medidas que recoge este anteproyecto de Ley ya están puestas en marcha y, además, la viabilidad económica de la misma está garantizada tanto en los presupuestos de 2017 como de 2018”, ha dicho.

Dentro de las novedades más importantes que recoge este documento se encuentra la consideración de víctimas de violencia de género a las madres cuyas hijas e hijos sean asesinados por el padre o por el hombre con el que estas tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva de pareja para causarlas un mayor sufrimiento, algo que no la contempla el ordenamiento jurídico y es importante que demos este paso por delante”.

Siguiendo esta misma línea, en el ejercicio de la acción popular, la Junta de Comunidades también pedirá la retirada de la patria potestad de las y los menores comunes cuando la madre sea asesinada.

En las convocatorias para el sostenimiento de la red de Centros de la Mujer y Recursos de Acogida se ha implementado la creación de un nuevo recurso, el Centro de Atención y Valoración Integral para las víctimas de la violencia de género con atención especial a aquellas “a cuya situación de víctima se unan situaciones que potencien otro tipo de discriminaciones”.

En materia de vivienda, tendrán un acceso especial a ella aquellas personas que se ocupen de la guarda y custodia de las y los huérfanos de violencia de género.

La directora del Instituto de la Mujer ha puesto en valor la necesidad de actuar en el ámbito educativo desde edades tempranas en la prevención de la violencia de género. También es obligación del personal docente y de la inspección educativa el velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y la no discriminación de las y los menores pertenecientes al colectivo LGTBI.

Para reforzar esta cuestión se modificará la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 para añadir como un elemento de no discriminación la orientación sexual y la identidad de expresión de género de las y los menores dentro del sistema educativo”, ha dicho Araceli Martínez.

Esta futura legislación garantizará a las personas menores de edad una atención psicológica especializada “porque las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y es fundamental poder actuar lo antes posible antes de que las dichas consecuencias aumenten”. Esta medida se ampliará a los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en los casos de homicidio o asesinato.

Estas medidas se unen a las becas ´Leonor Serrano Pablo´, dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas y sus hijos, destinadas a la realización de estudios superiores.

Para finalizar, la directora del Instituto de la Mujer ha explicado que se va establecer una ayuda directa a familiares en situación de dependencia que convivieran con la victima asesinada.

Hay que recordar que, antes de llegar a Consejo de Gobierno, el documento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Regional de las Mujeres, donde están representadas no solo las asociaciones de mujeres, sino también organizaciones vecinales, de discapacidad, agentes sociales, los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha o las Universidades de Castilla-La Mancha.